7.     Normas administrativas de Comercio Exterior y regulación de Inversiones extranjeras.

 

 

MARCO LEGAL PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Uruguay pertenece al bloque comercial de MERCOSUR. En general (y con algunas excepciones) puede hablarse de un régimen liberalizado, si bien el marco jurídico aduanero se encuentra disperso entre numerosas leyes y disposiciones, en algunos casos claramente desactualizadas o con importantes vacíos.

 

En cualquier caso, Uruguay pasó en Junio de 2006 el Examen de Políticas Comerciales de la OMC, con una valoración muy positiva, reconociéndose los esfuerzos desplegados para modernizar su régimen comercial, y las iniciativas tomadas para facilitar el comercio. Se ha reconocido asimismo el escaso uso de medidas de defensa comercial, y la consolidación de todo su universo arancelario. Entre las recomendaciones cabe destacar la necesidad de reducir la brecha entre los aranceles consolidados y aplicados, con el fin de aumentar la predecibilidad de su régimen comercial.

 

Por su parte, el índice de Libertad Económica 2007 elaborado por The Heritage Foundation; (http://www.heritage.org/index), concede un 71,5% a la libertad de comercio internacional (por encima de Brasil: 64,8%; Argentina: 61,4%; y Paraguay: 67,4), estableciendo los costes del comercio en las barreras no arancelarias, como por ejemplo las prohibiciones y restricciones a la importación - incluidos cupos o licencias- , los impuestos y tasas a las importaciones, y las demoras en aduana.

 

A este respecto, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) se caracteriza básicamente por una visión estrictamente fiscalista, con pocos elementos de facilitación del comercio, y un escaso o nulo del sistema de control basado en el análisis de riesgo. La Reforma aduanera es una de las prioridades de la actual Administración. En Septiembre 2006, se aprobó un Programa de Modernización de la Aduana cuyos objetivos y lineamientos generales incluyen la modernización de procesos y procedimientos, el análisis de riesgos, la planificación y evaluación de resultados, reformas legales, adecuaciones edilicias así como el fortalecimiento de los recursos humanos y su capacitación. El documento del Programa de Modernización puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.mef.gub.uy/documentos/aduana_modernizacion.pdf

 

Régimen de Comercio Exterior. Importaciones y Exportaciones:

Un análisis más exhaustivo del mismo, en lo que se refiere al detalle de reglamentos técnicos, requisitos de licencias, aranceles, etc, puede encontrarse en la página española: http://uruguay.ofinascomerciales.es, apartado "Exportar a Uruguay'

 

RÉGIMEN DE IMPORTACIONES:

 

En Uruguay rige una política general de libertad de importaciones, con algunas excepciones. En cualquier caso, y como norma general, la política en materia de importaciones se ha caracterizado tradicionalmente por la no discriminación y ausencia de limitaciones cuantitativas, la no aplicación de cuotas ni restricciones no arancelarias, con la excepción de los mecanismos de protección a la producción nacional frente a prácticas de comercio consideradas desleales.

 

a) Procedimiento aduanero

a.1) General

 

Las operaciones de importación están definidas en el Código Aduanero Uruguayo (aprobado por el Decreto-Ley N° 15.691 de 27 de noviembre de 1984) y los procedimientos están codificados en los Decretos N° 570/994 de 29 de diciembre de 1994, y N o 312/998 de 3 de noviembre de 1998. Los procedimientos de importación se aplican de la misma forma a todas las fuentes y a todos los regímenes de importación, incluyendo admisión temporaria e importaciones en zonas francas.

 

Las operaciones de introducción de mercancías deben gestionarse a través del Documento Aduanero Único (DUA) (coste de tramitación del DUA es el 0,2 por ciento del valor CIF de las mercancías importadas, con un máximo de 50 dólares de los EE. UU). En este ámbito, se incluye asimismo la denominada "Solicitud del Permiso de Importación", que puede variar entre USD 12 y USD 600 según el valor de la importación. Dicha figura, si bien en un principio se justificó por la necesidad de que el funcionario prestara en ocasiones servicios extraordinarios (fuera de los horarios habituales de trabajo), posteriormente fue generalizada su aplicación a cualquier horario en que se requiera el servicio. Las gestiones administrativas deben realizarse ante la DNA (Ministerio de Economía y Finanzas), exclusivamente a través de un Despachante de Aduana (Agente de Aduanas).

 

La Decisión nº 50/04 del Consejo de Mercado Común del MERCOSUR de 16 de diciembre de 2004, adoptó una Norma relativa al Despacho Aduanero de Mercancías, que define en términos amplios las reglas comunes para los procedimientos de importación , si bien aún no está en vigor.

 

·              REGISTRO: Conforme al Decreto N o 333/92 de 16 de julio de 1992, todos los importadores (así como los exportadores y todos los demás operadores de negocios) deben inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes. Además, rigen numerosas prescripciones de registro referentes a determinados productos, entre ellos: insecticidas, bactericidas y fungicidas de uso agrícola, equipos médicos, dispositivos terapéuticos, cristales oftálmicos, reactivos de diagnóstico, y bebidas. El registro de los medicamentos y demás productos afines, materias primas, medicamentos semielaborados y cosméticos de uso humano tiene validez por cinco años; los demás registros no tienen límite de tiempo. Mención especial merece la inexistencia de un Sistema Nacional de Regulación Alimentaria, tanto de registro como del control de calidad. Actualmente, los alimentos deben registrarse en los Servicios de Regulación Alimentaria (Bromatología) de cada una de las Intendencias Municipales dónde el producto desearía venderse, con la consiguiente multiplicación de trámites (certificaciones de origen, legalizadas, y el pago de las tasas correspondientes).  Si bien existe un Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994), algunas Intendencias tienen su propia normativa (la Intendencia Municipal de Montevideo aplica su Ordenanza Bromatológica Municipal, Decreto 27.235, de 1997) lo que ha conducido a que en ocasiones algunas Intendencias acepten los registros de determinados productos y otras Intendencias, para el mismo producto, no los validen.

 

Por otra parte, para la comercialización de los alimentos, además del registro en cada partida interviene el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) que inspecciona y controla el nO de registro concedido por Bromatología y el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Bromatológico Nacional y todo lo relacionado con el envasado, la rotulación y el etiquetado. Además, dependiendo del producto a importar, pueden también intervenir otros organismos (para la importación de productos de origen animal intervienen la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); en productos derivados de la pesca, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), en el caso de Vinos el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) y la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Pórtland (ANCAP), etc.)

 

·              CONTROL V VERIFICACIÓN: El Decreto N° 570/994 de 29 de diciembre de 1994, define tres canales de inspección: rojo, naranja y verde. En el caso del canal verde, las mercancías se entregan de inmediato sin ningún control de la documentación ni verificación del valor en aduana; en el caso del canal naranja las mercancías son objeto de control de la documentación (lo que incluye el análisis del valor en aduana); y en el caso del canal rojo las mercancías son objeto de control de la documentación e inspección física. Las autoridades indicaron, que en 2005 el porcentaje de las importaciones que pasaron por el canal rojo fue del 70 por ciento, habiendo disminuido dicho porcentaje al 57 por ciento en 2006. También indicaron que ha habido una reducción del porcentaje de mercancías sujeto a control aleatorio.

 

a.2) Excepciones a la importación: Prohibiciones, restricciones y licencias de importación:

a.2.1) Prohibiciones absolutas:

 

Existen prohibiciones absolutas con el fin de proteger el medio ambiente, proteger la salud o garantizar la seguridad de las personas, a modo de ejemplo: productos que contengan asbesto o amianto, armas y municiones para uso exclusivo del Ejército, pinturas con exceso de plomo, insecticidas a base de organoclorados, bromato de potasio para alimentos, automóviles usados, entre otros. Además, Ley No 12.679 de 17 de diciembre de 1959, faculta al Poder Ejecutivo para, entre otros, "prohibir con carácter general o particular, por un plazo no mayor de seis meses, la importación total o parcial de toda clase de mercaderías, artículos, productos y bienes prescindibles, suntuarios y/o competitivos de la industria nacional"; dicha prohibición puede reiterarse por nuevos pronunciamientos.

 

Por otra parte, ciertos productos sólo pueden importarse por los organismos designados al efecto. El petróleo crudo y sus derivados, carburantes líquidos, semilíquidos y gaseosos (excepto asfalto y sus derivados) sólo pueden importarse por ANCAP. Las importaciones de sustancias estupefacientes incluidas en las Listas I y 11 de la Convención Única de Nueva York de 1961 sólo pueden efectuarse por el Ministerio de Salud Pública.

 

a.2.2) Licencias:

 

Algunos productos, como los aceites, azúcar refinado con destino industrial, productos textiles y calzados también están sujetos a licencias de importación, si bien no existen contingentes ni restricciones a la importación de bienes sujetos a regímenes de licencia. Además del régimen de licencias de importación, hay diversos productos cuya importación requiere autorización previa de una entidad gubernamental.  Las licencias tienen una validez de 60 días, excepto las relativas al sector automotor, cuya validez es de 90 días.

 

b) Valor en Aduanas:

 

El valor en aduana se determina de conformidad con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC. (http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/eol/s/wto03/wt03_36.htm).

Existen disposiciones especiales para bienes de capital, informática y telecomunicaciones, así como para los soportes informáticos, para los cuales sólo se tiene en cuenta el valor del soporte informático (con exclusión de los datos o instrucciones).

 

c) Normas de Origen:

Se distinguen las siguientes normas de origen preferenciales: el régimen general de normas de origen de ALADI, las normas de origen específicas de los Acuerdos de Alcance Parcial de ALADI. No existen normas de origen no preferenciales.

 

En el marco de la ALADI, en los acuerdos que no definen sus propias normas de origen se aplican las normas de origen generales de la ALADI (http://www.aladi.org).

 

El Régimen de Origen MERCOSUR está contenido en la Decisión CMC N° 01/04 Y conexas. Las normas de origen del MERCOSUR pueden ser generales o específicas (http://www.mercosur.com.uy). De acuerdo con las normas generales, los productos tienen que haber sido obtenidos o elaborados con una integración intrazonal no menor al 60%. Rigen normas especiales para los productos químicos, de acero, de telecomunicaciones e informáticos, y los lácteos, papel, textiles y calzado.

 

Además del MERCOSUR, Uruguay mantiene otros acuerdos comerciales en el marco de la ALADI, lo que le está permitido al no implicar tratamientos que puedan establecer preferencias porcentuales elevadas afectando la eficacia del Arancel Externo Común del MERCOSUR y sus excepciones. Esos acuerdos son los siguientes: acuerdos del MERCOSUR con Chile; Bolivia; México (únicamente para la industria del automóvil), el Perú; y con Colombia, el Ecuador y Venezuela - Venezuela esta actualmente en la fase transitoria de integración como miembro de pleno derecho en MERCOSUR; y el Tratado de Libre Comercio del Uruguay con México

 

 

RÉGIMEN DE EXPORTACIONES

 

a) Procedimientos, Documentación y Registro

 

El principio general en Uruguay es la libertad de exportaciones. Los procedimientos de exportación en el Uruguay se rigen por el Decreto-Ley N° 15.691 de 7 de diciembre de 1984 (Código Aduanero), el Decreto W 570/994 de 29 de diciembre de 1994 (Norma de Aplicación sobre el Despacho Aduanero de Mercaderías), el Decreto W 312/998 de 3 de noviembre de 1998 (Normas relativas a la modernización de la estructura operativa de la DNA), la Ley N° 17.555 de 18 de septiembre de 2002 (Ley de reactivación económica), yel Decreto N° 54/03 de 6 de febrero de 2003 (Por el que se reglamentan los artículos 40 a 47 de la Ley W 17.555). Sobre la base de estas normas, la DNA dictó la Resolución sobre el Procedimiento de Exportación Definitiva que figura en la Orden del Día W 22/003 de 7 de febrero de 2003.

 

El exportador debe registrarse ante la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado. Para la exportación, el Despachante de Aduanas debe presentar a la DNA el DUA en formato electrónico, junto a otros documentos como el título de transporte directo, la factura comercial certificada por el exportador, y cualquier otra resolución, certificado o autorización que se requiera para la exportación de mercancías. Cuando las exportaciones están sujetas al pago de impuestos, el exportador debe presentar información sobre los impuestos pagaderos y su pago se efectúa directamente al BROU o la Dirección General Impositiva (DGI) (en los casos del FIS, el IMEBA o cualquier otro impuesto de competencia de la DGI).

 

Las exportaciones están sujetas a inspección física por la DNA. El canal de verificación (rojo, amarillo o verde) se determina automáticamente por el sistema informático de la DNA

 

En 2004, se establecieron algunas disposiciones especiales para las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas. Los trámites de exportación siguen siendo los mismos, pero ciertos documentos y servicios son gratuitos (como el certificado de origen, los servicios de despacho aduanera y los asesoramientos comerciales y técnicos).

 

 

 

b) Impuestos, Gravámenes y Otras Cargas a la Exportación:

 

Las exportaciones de ciertos productos agropecuarios están sujetas a impuestos o gravámenes que se perciben para financiar organismos como el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), eI INAC, y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

 

Las exportaciones de carnes de las especies bovina, ovina, de cerdo, equina, de aves y de animales de caza menor, en todas sus formas, excepto conservadas, están sujetas al impuesto para el FIS, el cual se aplica a una tasa del 1% sobre el valor FOB. de las exportaciones. De acuerdo con el Decreto N° 456/984 de 22 de octubre de 1984, y las Leyes W 15.646 de 11 de octubre de 1984 y No 17.780 de 27 de mayo de 2004, las exportaciones de cueros crudos, salados, piquelados y wet-blue están sujetas a un impuesto del 5%.

 

c) Prohibiciones a la Exportación, Restricciones y Regímenes de Licencias:

 

Generalmente son reducidas, aunque pueden existir restricciones temporales, por razones de abastecimiento. Se destaca la prohibición de exportaciones de chatarra de acero y fundición de hierro. Algunos productos están sujetos a autorización especial, como las especies vivas marítimas en cualquier estado de desarrollo

 

d) Concesiones Arancelarias y Fiscales:

 

d.1) Devolución de impuestos indirectos:

 

Conforme al régimen de devolución de impuestos indirectos y de tributos a las exportaciones, con el fin de neutralizar su incidencia, se devuelven los impuestos indirectos correspondientes a las exportaciones. El beneficio depende del contenido nacional: el régimen se aplica únicamente a las exportaciones en que el valor C.l.F. de los insumos importados no exceda del 80% del valor F.O.B. de la exportación misma. El monto que debe devolverse se calcula ya sea como porcentaje del valor F.O.B. o bien como un monto fijo por tonelada, litro o caja (en el caso de los productos agrícolas).

 

Los reembolsos pueden variar entre el 1 y el 6%, según la carga de impuesto indirecto que tenga el producto (basada en un análisis de la para métrica de cada cadena de producción), pero no pueden ser superiores al 6% del valor F.O.B. del producto exportado. Fijan las tasas de reintegro el MEF, el MIEM yel MGAP, que actúan en coordinación.

 

Los Certificados de Devolución de Impuestos Indirectos y de Devolución de Tributos pueden ser destinados al pago de impuestos y de contribuciones especiales a los organismos de Seguridad Social

Cuando el beneficiario se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la DGI yel BPS, el certificado puede ser endosado a favor de bancos, cooperativas de intermediación financiera, casas financieras y proveedores. Los certificados de crédito tienen un plazo de validez de 180 días a partir de su exigibilidad.

 

El actual régimen rige hasta el 30 de Junio de 2007; a partir de cuando se comenzará a aplicar uno nuevo, que básicamente unificará las tasas al 2%, limitará a seis meses la vigencia de los certificados, redistribuyendo el resto de los recursos a apoyar en forma explícita proyectos innovadores, que generen empleo, calidad y desarrollo de exportaciones.

 

d.2) Admisión temporal de Insumos:

 

La admisión temporal de insumos para la industria de exportación (materias primas, repuestos, componentes, motores, material de empaque, matrices, etc.) se somete a un régimen muy favorable. Los bienes importados conforme al mismo, se exoneran de todos los impuestos aduaneros y de otros impuestos aplicables en ocasión de la importación, siempre y cuando los bienes sean reexportados a un tercer país o a una de las zonas francas uruguayas.

 

La importación de estos bienes por un plazo de hasta 18 meses normalmente es autorizada en pocos días y no puede ser denegada por las autoridades en base a la existencia de producción local de los mismos bienes.

 

Al final del período autorizado de admisión temporal, los insumos importados deben ser reexportados, ya sea en la forma en que fueron importados o como insumos para otros bienes de exportación. En casos excepcionales, los bienes pueden ser importados definitivamente al país, pagando los impuestos normales de aduana e importación.

 

En lo que se refiere a importación temporal de equipos industriales y herramientas está sujeta a la discreción del Ministerio de Economía y Finanzas y puede ser otorgada por períodos que no excedan los 24 meses. Como la autorización es discrecional, la solicitud debe constituir parte de un proyecto industrial global presentado al Gobierno.

 

Todas las industrias de exportación pueden utilizar este régimen. Sin embargo, conforme a las disposiciones del MERCOSUR, estas reglas de admisión temporal no serán en el futuro aplicables a exportaciones dentro del bloque, aun cuando por el momento se mantiene un régimen transitorio de aplicación.

 

d.3) Zonas francas:

 

El régimen de zonas francas fue instaurado en 1934. En el Código Aduanero (Ley N° 15.691 de 7 de diciembre de 1984), las zonas francas son definidas como enclaves aduaneros, por lo que no integran el territorio aduanero, rigiéndose por la Ley W 15.921 de 17 de diciembre de 1987 y el Decreto Nº 454/988.

 

Conforme a la misma Ley, la administración, supervisión y control de las zonas francas están a cargo del Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio del MEF (http://www.mef.gub.uy/zonasfrancas/portada.htm). Las empresas interesadas en la administración de una zona franca deben presentar su solicitud ante el MEF, quien previo asesoramiento de la Comisión Honoraria Asesora, que se pronuncia respecto de la ubicación de la zona franca, y adjuntando los dictámenes del Área Zona Francas, eleva el expediente para resolución del Poder Ejecutivo.

 

d.4) Otros incentivos financieros a la exportación:

 

Se destacan el régimen de financiación de exportaciones (circular del BCU nº 1897; Decreto 247/003 de 18/06/03), a través del Banco Central; y el Seguro de Crédito a la Exportación (Decreto 330/002 de 22/08/02), a través del Banco de Seguros del Estado.

 

REGULACIÓN DE COBROS Y PAGOS CON EL EXTERIOR :

 

Uruguay posee desde mediados de la década del 70, un régimen de total libertad en el movimiento de fondos, desde y hacia Uruguay, sin ningún tipo de restricciones, en cualquier tipo de divisas, metales preciosos o valores mobiliarios. A ello se une la confidencialidad del manejo de información mediante el deber de secreto consagrado jurídicamente (véase apartado 3.5. en lo que se refiere a secreto bancario.

 

Recientemente se ha establecido la obligación de declarar entradas o salidas de dinero del país por importe mayor a 10.000 USD. En lo que refiere a remisión de beneficios al exterior, puede estar sujeta a retenciones fiscales, dependiendo del tipo de forma societaria empleada.

 

Si bien básicamente el movimientos de capitales es libre, y sólo ante casos específicos de delito el poder judicial puede levanta el secreto bancario, actualmente se ha iniciado un proceso de reforzamiento de las actividades de control de ciertas actividades (especialmente intermediación off shore, casas de cambio, inmobiliario, casinos, etc) para evitar que Uruguay sea una plaza muy favorable para operaciones de lavado de dinero.

 

A este respecto, se ha creado recientemente el Centro de Capacitación y Prevención del Lavado de Activos (CEPLAC), instituto donde - entre otros - están representados el BCU, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Entre las primeras iniciativas dirigidas al control de lavado de dinero destaca la prohibición de crear a partir del 1 de julio de 2007 (entrada en vigor de la reforma tributaria) nuevas SAFIS, así como el mantenimiento del régimen de tributación especial de las ya existentes sólo hasta el 2010, fecha a partir de la cual irán adecuándose al régimen general

 

LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL: ESTRUCTURA Y MARCO LEGAL:

 

Los datos oficiales de composición del PIB, acumulan las contribuciones de los sectores de distribución comercial y de hostelería (restaurantes y hoteles), que, en su conjunto, representaron en 2006 en torno al 12,8% del PIB total.

 

Existe normativa de defensa del consumidor, Ley 17.250, cuya regulación está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Las formas tradicionales de distribución de productos alimenticios y bienes de consumo todavía prevalecen en el Uruguay, aunque en los últimos años se produjeron algunos movimientos que podrían suponer el inicio de un proceso de profunda transformación.

a) Grandes superficies versus comercio tradicional:

La Ley 17.188 de 1999 establece para la apertura de grandes superficies (más de 300 m2) destinados a la venta de artículos alimenticios y de uso doméstico, la necesidad de solicitar una autorización previa a las Comisiones Departamentales de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal, que actuarán asesorando preceptiva mente al Intendente del Departamento correspondiente quien resolverá, en definitiva, sobre los proyectos mencionados. Las Comisiones están integradas por: un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la Intendencia Municipal del respectivo Departamento, un representante del sector privado designado por la Cámara Nacional de la Alimentación y por la Confederación Empresarial del Uruguay, y un representante de los consumidores, que será designado por las asociaciones de defensa del consumidor de cada Departamento.

 

Se estima que existen entre hipermercados y supermercados 128 locales (33,7% de la facturación), unos 846 autoservicios (31,5%) y 9.151 comercios tradicionales (34,9% de la facturación). Las multinacionales poseen el 75% de las grandes cadenas. En este sector destaca el grupo Disco-Casino Géant, que integra todos los supermercados "DISCO' (27), "DEVOTO' (25) Y el hipermercado '*GÉANT'; le sigue en importancia la cadena, de Henderson & Cia ("Tienda Inglesa"; 9 sucursales); la cadena "MUL TIAHORRO" (30 pequeñas tiendas entre las que se encuentran varios "SUPERFRESCO", un hard discount); la cadena "TA-TA" (20 centros, no todos grandes y mezclados con tiendas de diversos tipos); "EL DORADO" de Polakof y Cia, situado principalmente en el interior (40 tiendas, de las cuales 24 son supermercados y el resto autoservicios).

 

b) Comercialización de productos importados.

 

Lo que se refiere específica mente a la comercialización de productos importados, ya sean bienes de consumo, semi-manufacturas, maquinaria o productos terminados, la reducida dimensión del mercado uruguayo es determinante. La imposibilidad de manejar grandes volúmenes de mercancías genera márgenes de intermediación relativamente altos, conduciendo paulatinamente a un acortamiento de las cadenas de distribución al solapar frecuentemente las figuras de importador, representante, distribuidor y usuario final.

 

Otro efecto importante del tamaño del mercado es la escasa especialización de importadores y representantes. Los más importantes están introducidos en sectores muy diversos y trabajan, además, varios productos que podrían considerarse en algunos casos sustitutivos relativamente próximos.

 

La actividad de los agentes o comisionistas está gravada por el Impuesto a las Comisiones (Ley 16.134 de Septiembre de 1990), estipulado en un máximo del 9%; el nuevo marco tributario a partir del 1° de Julio deroga este régimen, y las actividades amparadas por el mismo pasan a estar gravadas ya sea por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) o por el Impuesto a la Rentas de las Personas Físicas (IRPF), ver "5.3 Legislación Fiscal.

 

c) Centro de distribución regional.

 

Para la distribución regional, y teniendo en cuenta la aplicación todavía del doble arancel en el marco de MERCOSUR, lo más adecuado es utilizar las Zonas Francas como centros de acopio de mercadería, que puede quedar depositada sin pagar aranceles y ser posteriormente reexportada a su destino final. La legislación del puerto de Montevideo es muy apropiada en este sentido

 

 

 

INVERSIONES EXTRANJERAS:

 

Uruguay cuenta con una alta estabilidad política y altos niveles relativos de seguridad jurídica y Estado de derecho. Pese a tratarse de un país relativamente burocratizado y reglamentado, los rankings internacionales la dejan bien posicionada en materia de libertad económica. Destaca, por un lado, su política no discriminatoria en materia de inversiones; y por otro, la libertad de movimientos de capital y secreto bancario. Por otra parte, Uruguay es miembro de organismos internacionales que promueven la seguridad de las inversiones como el Acuerdo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Centro Intemacional de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en el Banco Mundial. Tiene suscrito un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con España, vigente desde el 6/5/1994.

 

En los estudios sobre clima de inversión, Uruguay suele estar bien posicionado. De acuerdo con el índice de Libertad Económica 2007 (http://www.heritage.org/index), la valoración global es de 69,3%; sólo por detrás de Chile a nivel regional (posición 33 y 11 en el ranking mundial respectivamente). En materia de inversión, se le atribuye un índice del 70%, valorándose negativamente la existencia de sectores limitados a la Inversión privada (no discrimina frente al Inversor extranjero). Si consideramos el índice de Transparencia Internacional 2006 http://www.transparency.org/publications/publications,  Uruguay se situaría nuevamente muy por encima del resto de los países de América Latina, en el puesto nº 28 del ranking mundial y sólo detrás de Chile (nº 20) en el ámbito regional (Brasil lo haría en el puesto nº 70 y Argentina en el nº 93). Por su parte, el índice de Competitividad del Foro Económico Mundial 2006-2007 http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2006/gcr2006_summary.pdf , Uruguay se situó en el puesto nº 73 (con un cierto retroceso frente al 2005-­2006, que lo situaba en el puesto nº 70); por detrás de Chile (nº 27); México (nº 58); Colombia (nº 65); Brasil (nº 66) y Argentina ( nº 69). Entrando en el desagregado, Uruguay presentaría unas instituciones mucho más sólidas que Brasil o Argentina, si bien se situaría muy por debajo de ambos casos en materia de eficiencia de mercados o innovación. Según el Índice de Hospitalidad al Capital de la revista Forbes, (http://www.forbes.com),  Uruguay sería el 3er país de América Latina mejor posicionado (en el puesto 47 entre 144) por detrás de Chile (nº 27) y Méjico ( nº 43). Detrás quedarían Argentina (n° 75) Y Brasil (nº 61). Entrando a desagregar los distintos aspectos recogidos en dicho índice, en algunos aspectos es evaluado considerablemente mejor que en el global (por ejemplo, en restricciones al inversor extranjero, en materia regulatoria o en corrupción). En otros se sitúa por debajo de su valoración media, como por ejemplo en salarios y precios, competitividad y burocracia.

 

Por último, según una Encuesta de Empresas 2006 publicada por el Banco Mundial, que presenta un resumen del clima de inversión de diferentes países, Uruguay registra índices positivos en varios temas, por ejemplo, la burocracia (medida en % del tiempo de los ejecutivos superiores dedicado al cumplimiento de las regulaciones) es inferior (6,80%) respecto a la media de la región (10,47%) y el nivel de corrupción es muy bajo ( se estima que en Uruguay las empresas deben realizar un pago informal del 0,19% de las ventas para lograr que las "cosas se hagan" frente al1 ,5% de media en la región).

 

Estos y otros índices (tribunales, criminalidad, financiamiento, etc.) pueden ser consultados en el siguiente enlace:

http://espanol.enterprisesurveys.org/ExploreEconomies/Default.aspx?economyid=198&year=2006

 

Según datos del Informe 2006 sobre IDE en América Latina, en el año 2006 Uruguay se situó muy por encima de la media regional en términos de IDE /PIB (8,3% frente a un 3% de media regional), y sólo superado en ese índice por Panamá y Trinidad Tobago. El país superó en un 141% el promedio anual de inversiones recibidas en 2002- 2006 (USD 1.374,4 M frente a USD 632,9 M), una tendencia alcista en la IDE que viene registrándose desde el inicio de la salida de la crisis.

 

Principales instituciones de atención al Inversor.:

 

a)         El Instituto de Promoción de Inversiones v Exportaciones de Bienes v Servicios (URUGUAY XXI; (www.uruguayxxi.gub.uy),  es el principal organismo promotor de las inversiones y de las exportaciones en Uruguay, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores. Este organismo, entre otras tareas relacionadas con el afianzamiento de la imagen país en el exterior, realiza servicios de apoyo al inversor como organización de seminarios, promoción y difusión de oportunidades de inversión en Uruguay y servicios de información y consultas de inversión de índole legal, fiscal y societaria. Colabora estrechamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, quién a su vez tiene competencias en materia de promoción comercial.

 

b)         La Unidad de Apovo al Desarrollo v la Inversión en el Sector Privado (www.mef.gub.uy/inversion.php), fue creada a finales de Diciembre 2006 en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas y tiene como cometidos asesorar, proponer, implementar y facilitar la coordinación de políticas y acciones que mejoren los negocios, la inversión y la competitividad en el país. Esta Unidad brinda información calificada a inversores, suministra información de soporte para la toma de decisiones a inversores y al Poder Ejecutivo, monitorea el clima de negocios y realiza propuestas para introducir modificaciones así como coordina acciones con organismos públicos y privados en materia de inversiones, negocios y competitividad.

La Dirección de la Unidad se instaló en la Sede de la Corporación Nacional para el Desarrollo y se prevé que la Organización de Atención al Inversor (véase siguiente) quede integrada a la Unidad, tanto física como funcionalmente, en el segundo semestre de 2007. Ante las dificultades para la creación de una "ventanilla única" para el inversor, sí esta previsto la creación de un "one- stop - shopping" o un espacio físico único dónde puedan centralizarse todos los trámites precisos en materia de creación de empresas e inversiones (Dirección Generallmpositiva; Banco de Previsión Social; Ministerio de Industria y Energía; Dirección Nacional de Medio ambiente, etc). En cualquier caso, por el momento dicho espacio único no está aún disponible.

 

c)          Por su parte, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND); (http://www.cnd.org.uy/portal )  es una sociedad financiera de inversión en capital de riesgo, mediante participación de capital, capacitación y asesoramiento a empresas, prioritariamente Pymes, que asume un compromiso especial con los micro, pequeños y medianos emprendimientos, en cuanto a su financiación y apoyo en su nacimiento y desarrollo y promoviendo la conducta asociativa.

 

En lo que se refiere a la Oficina de Atención al Inversor y la Comisión de Aplicación de Ley de Inversiones (COMAP)-, por su importancia a la hora de valorar el marco legal de promoción de la Inversión, serán analizados en el apartado siguiente:

 

 

LEGISLACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS:

 

El marco normativo básico que regula la inversión es la Ley de Inversiones (Ley N° 16.906) Y sus decretos reglamentarios (Decretos 59/98 y 92/98).La legislación es idéntica para la inversión nacional que extranjera. La Ley declara de interés nacional la promoción y protección de las inversiones que se realicen en el país, y establece los siguientes principios con respecto a la inversión extranjera:

 

·              Igualdad de trato a inversores nacionales o extranjeros.

·              No se requiere autorización previa o registro. Se permite cualquier tipo de actividad, excepto aquéllas que son monopolio del Estado (telefonía fija, refino de combustibles, transmisión y distribución de energía eléctrica, servicios de agua y saneamiento, seguros de trabajo) o reguladas por el Estado, aunque en algunas de ellas el inversor extranjero puede participar a través de concesiones de obra pública. La propiedad de empresas de radiodifusión y televisión está restringida a ciudadanos uruguayos

·              El inversor extranjero puede operar a través de sociedades anónimas uruguayas, a través de sociedades de responsabilidad limitadas o a través de una sociedad extranjera, estableciendo una sucursal en el país.

·              No existen limitaciones para la contratación de personal extranjero, salvo en algunos sectores específicos donde se requiere un porcentaje de personal local (por ejemplo, en sector pesca y en sociedades de zonas francas).

·              Libre transferencia de capitales y beneficios al exterior

 

Incentivos a la inversión:

 

1) Incentivos Horizontales:

 

a) Ley de Promoción Industrial (Decreto-Ley 14.178 y decreto reglamentario 703/974) Esta Ley dispone, entre otros, los siguientes beneficios fiscales para el conjunto del sector industrial, siempre y cuando el proyecto sea declarado de interés nacional por parte del Poder Ejecutivo:

·              Exoneración del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) durante un periodo de 2 años sobre el importe de la inversión, financiada con recursos propios. Desde el1 de Julio de 2007, tras la entrada en vigor de un nuevo Sistema Tributario, el lRIC y el IRA (Impuesto a las Rentas Agropecuarias) serán sustituidos por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

·              Exoneración del Impuesto al Patrimonio por un período de entre 3 y 5 años por el total de la cantidad invertida.

·              Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Específico Intemo (IMESI) y recargos de importación para todos aquellos bienes no competitivos con la industria nacional.

 

b)                          Ley de Inversiones:  La Ley de Inversiones mencionada también contiene una serie de incentivos específicos a la inversión (bajo la misma condición anterior, esto es, la obtención de proyecto de interés nacional), sea de aplicación a los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC), Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA) e Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) que realicen actividades industriales o agropecuarias.

·               Exoneración del Impuesto al Patrimonio por el valor de toda la inversión por un plazo de entre 3 y 5 años.

·              Exoneración dellRIC durante un periodo de 3 a 5 años sobre el importe de la inversión, financiada con recursos propios.

·              Exoneración de IVA, IMESI, y recargos de importación sobre los bienes no competitivos con la industria nacional.

·              Para el caso de actividades, declaradas promovidas, que favorezcan la descentralización geográfica de la actividad económica, los beneficios a conceder podrán ser de mayor cuantía y por períodos más amplios. Por ejemplo, los bienes de activo fijo que se incorporen al proyecto de inversión podrán ser exonerados durante 3 años para los localizados en Montevideo y por 5 años, para los que se localicen en el interior del país.

 

Se incluyen, a los efectos de estos incentivos, aquellos bienes muebles destinados a la eliminación o mitigación de eventuales impactos ambientales negativos del ciclo productivo o a recuperar las condiciones ambientales afectadas.

 

Los proyectos de inversión que se realicen en el marco de una concesión de obra pública podrán ser elegibles solamente en los casos en que el pliego de condiciones de la concesión especifique la posibilidad de obtener los beneficios de la Ley 16.906. Además, los proyectos de inversión que contribuyan a la descentralización y superen los 50 millones de dólares podrán obtener beneficios adicionales (generalmente, un aumento en los plazos de las exenciones).

 

Procedimiento de Declaración de Interés Nacional:

 

Para acceder a los beneficios específicos previstos en la ley, los potenciales beneficiarios deben ser declarados "promovidos" por el Poder Ejecutivo, proceso en el que intervienen los siguientes actores: 

 

Oficina de Atención al Inversor (OAI - http://www.mintur.gub.uy/atencionainversores. Esta oficina recibe los proyectos de inversión, que luego son analizados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, quien a su vez concede franquicias de acuerdo a la Ley de Promoción Industrial N° 14.178 o a la Ley de Inversiones N° 16.906. En su página web están disponibles todos los formularios necesarios para la tramitación de propuestas de inversión presentadas por el sector privado y se proporciona información del régimen tributario y societario uruguayo.

 

Comisión de Aplicación de Ley de Inversiones (COMAP) es el órgano asesor del Poder Ejecutivo que evalúa técnicamente los proyectos de inversión y recomienda, en función de la misma y de otros criterios como empleo, etc, si procede declarar de interés nacional el proyecto evaluado. Está integrada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, quien tiene a su cargo la coordinación de la misma, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Comisión de Descentralización.

 

Los procedimientos suelen ser largos, si bien los proyectos de inversión pueden obtener considerables beneficios fiscales (en algunos casos -siempre sujetos a discrecionalidad del Poder Ejecutivo-), casi idénticos a los obtenidos en Zonas Francas.

 

Simultáneamente a la creación de la Unidad de Apoyo al Sector Privado, a finales de Diciembre 2006, el Gobierno ha presentado en Consulta Pública una nueva Reglamentación de la Ley de Inversiones 16.906 que propone ampliar la base de sectores y empresas beneficiarias y aplicar siete criterios básicos para el otorgamiento de los incentivos: generación de empleo, descentralización, valor agregado de exportaciones, innovación tecnológica, uso de tecnologías limpias, impacto económico y acuerdos laborales. En gran parte, el nuevo marco legal previsto, tiene como objeto, simplificar los procedimientos anteriormente descritos (especialmente para pequeñas y medianas empresas, a las que se les reforzaría el control ex post) , y dotar al sistema de concesión de beneficios fiscales de una mayor predictibilidad, al basarse en criterios objetivos a priori totalmente cuantificables. En cualquier caso, al basarse en una decisión del Poder Ejecutivo, sigue quedando en un marco de discrecionalidad.  El documento está disponible en el siguiente enlace:

 

http://www.mef.gub.uy/inversor/con_01_propuesta_reglamentacion_ley_16.906.pdf  y con las modificaciones que se le introduzcan, estará vigente a partir del 1 de Julio de 2007.

 

Por otra parte, con fecha 27 de Diciembre de 2006, se aprobó una amplia Reforma del Sistema Tributario (Ley N° 18.083) que entrará en vigor el1 de Julio de 2007 y cuyo texto está disponible en: http://www.presidencia.gub.uy/_web/leyes/2006/12/12_2006.htm  Con respecto a la inversión, establece que el lRAE (sustituto del lRIC e IRA) disminuirá al 25% (del 30% vigente) cuando se produzcan reinversiones de las ganancias.

 

Debe mencionarse también a Uruguay Siglo XXI, http://www.uruguayxxi.gub.uy ,  un organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores que cuenta con representación privada en su Directorio. Uruguay XXI combina actividades de promoción de exportaciones -tratando de coordinar las acciones de las asociaciones sectoriales privadas y las iniciativas gubernamentales- y tareas de captación de inversiones extranjeras y creación y defensa de la imagen del país. En el ejercicio de esta última actividad, Uruguay XXI es el punto de contacto básico para los inversores extranjeros interesados en operar en el Uruguay.

 

 

c) Otros incentivos horizontales:

 

Incentivos a la capacitación del personal: Los gastos destinados a capacitar al personal en áreas consideradas prioritarias pueden deducirse a efectos del impuesto a la renta entre una vez y media y dos veces su importe.

 

Exención a la reinversión de beneficios: Las utilidades netas, después de deducir otras exenciones por regímenes especiales, pueden exonerarse del impuesto a la renta hasta un máximo del 50%. Las rentas deben ser llevadas a una reserva cuyo único destino ha de ser la capitalización.

 

Exención a las inversiones en planta y  equipos industriales: Los bienes muebles del equipo industrial directamente relacionados con el ciclo productivo se computan por el 50% de su valor fiscal para el impuesto al patrimonio. Además, se consideran activos exentos para dicho impuesto a partir del cierre del ejercicio de su incorporación por un plazo de 5 años.

 

Los bienes inmuebles destinados a la explotación agropecuaria, excluidas las mejoras, también se consideran exentos de este impuesto:

 

d) Régimen de Zonas Francas:

 

En Uruguay existe un régimen de zonas francas definido a través de diversas normas (Ley N° 15.921 Y su decreto reglamentario -Decreto 454/988-, Ley N° 17.292, Y la más reciente, Ley N° 17.781).

 

Los principales incentivos son los siguientes:

 

·              Posibilidad de desarrollar actividades industriales, comerciales o de servicios.

·              Exención de todo tipo de tributo nacional. A modo de excepción, no están exonerados del lRIC (IRAE desde el1 de Julio de 2007) los dividendos o beneficios acreditados o pagados a personas físicas o jurídicas del exterior, cuando se encuentren gravados en el país de residencia y exista crédito fiscal en el mismo por el impuesto abonado en Uruguay.

·              El Estado garantiza por ley, bajo responsabilidad por daños y perjuicios, el mantenimiento de todas las exenciones impositivas durante un plazo mínimo de 25 años.

·              Exoneración de aportes al sistema de Seguridad Social para el personal extranjero.

·              Libertad financiera y bancaria.

·              Exoneraciones de gravámenes sobre las mercancías introducidas a las zonas francas, independientemente de su origen.

·              Los productos elaborados en zonas francas pueden salir en cualquier momento y están exentos de todo tributo sobre la exportación.

·              Libre permanencia de la mercancía en depósitos, sin plazos máximos ni mínimos.

 

En la actualidad, existen 9 zonas francas operativas, una estatal (Nueva Palmira), otra operada por una entidad privada a través de una concesión (Colonia) y 7 privadas (Zonamérica, Florida, Río Negro, Rivera, Libertad, San José y Colonia Suiza).

 

2.- Incentivos Sectoriales:

 

a) Sector  Forestal (Ley Forestal N° 15.939        de 28 de Diciembre de 1987 - http://www.mef.gub.uy/inversor/ley_15939.pdf

 

Los principales incentivos que actualmente se aplican (y que continuarán luego del 1 de Julio de 2007, con la entrada en vigor del nuevo Sistema Tributario) al sector forestal son:

 

·              Exoneración de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural (Impuesto al Patrimonio) y la contribución inmobiliaria rural.

·              Exoneración total del Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRA, que será sustituido por IRAE desde el1 de Julio de 2007) sobre la renta obtenida por la explotación forestal.

 

La presentación del proyecto se debe realizar ante la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Para acceder a las exenciones fiscales anteriores, se debe presentar el Certificado de Exoneraciones emitido por el Área de Registro de Bosques de la Dirección General Forestal ante la Dirección General impositiva (DGI) y la Intendencia Municipal correspondiente.

 

La Ley 15.939 de 1987 y sus decretos reglamentarios establecían unos incentivos más amplios que los actualmente vigentes, entre otros, un subsidio de hasta el 50% del coste de plantación. Tras más de 15 años de desarrollo del sector, el criterio actual, tanto a nivel del Poder Legislativo como del Ejecutivo, es que esos beneficios se vayan reduciendo porque el sector ya está consolidado. A finales de 2002 caducaron ciertos beneficios (exoneración de aranceles a la importación de bienes destinados a la actividad forestal ­semillas, químicos, etc.-, exoneración del IVA a bienes de capital -cosechadoras, grúas forestales, etc.-). En Octubre 2005 se eliminó el subsidio al coste de plantación y en 2006 se modificó la clasificación de suelos de prioridad forestal, disminuyendo el área disponible para presentar proyectos forestales y acogerse a los beneficios tributarios. Una relación detallada de la legislación forestal, desde 1987 hasta la fecha, está disponible en el apartado Leyes y Decretos de la Web de la Dirección General Forestal: http://www.mgap.gub.uy/Forestal/DGF.htm

 

 

b) Sector Turismo (Dec. 175/2003, modificado por los Decretos 350/2004 y 262/2005). Esta normativa es de aplicación a los proyectos turísticos aprobados de acuerdo a la Ley de Inversiones 16.906, que incluye a hoteles, aparthoteles, hosterías, moteles y estancias turísticas, así como actividades turísticas destinadas a la oferta de servicios de alojamiento, culturales, comerciales, para congresos, deportivos, recreativos, de esparcimiento o de salud, que conformen unidades complejas realizadas para la captación de turismo.

 

Los principales incentivos son:

 

·              Crédito por el IV A incluido en las adquisiciones en plaza de bienes y servicios destinados a la construcción, mejora y/o ampliación (infraestructura y obra civil) del proyecto turístico.

·              Exoneración del IV A a importaciones bienes cuyo destino sea el mismo a que refiere el literal anterior.

·              A los efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC­IRAE desde el 1 de Julio de 2007), las inversiones realizadas en la construcción, mejora o ampliación del proyecto turístico, podrán ser amortizadas en quince años. Las inversiones en equipamiento podrán ser amortizadas en cinco años.

·              Para la liquidación del Impuesto al Patrimonio, las inversiones en infraestructura y obra civil que se realicen en la construcción, mejora o ampliación del proyecto se computarán como activos exentos al cierre del ejercicio en que se iniciaron las obras y los diez años siguientes. La exoneración también alcanza a los predios sobre los que se realicen las construcciones. Las inversiones que se realicen en bienes de activo fijos destinados a equipamiento del proyecto se considerarán como activos exentos al cierre del ejercicio en que incorporó el bien y los cuatro siguientes. Los bienes objeto de esta exención se considerarán activos gravados a los efectos del cálculo del pasivo computable para la determinación del patrimonio gravado.

·              Exoneración del 50% de todos los tributos que graven las importaciones de materiales y bienes para la construcción, mejora o ampliación y a los de activo fijo destinados al equipamiento del proyecto turístico.

 

 

La presentación del proyecto se deberá realizar ante la Oficina de Atención al Inversor

 

c) Incentivos a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico: Los gastos efectuados directamente por las empresas o las cantidades aportadas por las empresas a instituciones públicas o privadas para financiar proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico, en particular en el sector de biotecnología, podrán computarse por una vez y media su importe real a los efectos del impuesto sobre la renta.

 

d) Incentivos a la industria del Software:  La producción de soportes lógicos está exonerada del lRIC y de los impuestos que en el futuro graven las rentas empresariales. Por un decreto de Diciembre 2006 :

 

http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2006/12/1912_15_09_2006_00001.PDF, el beneficio estará vigente hasta el31 de Diciembre de 2009.

 

3.- Incentivos de las Intendencias Municipales

 

En general, las 19 Intendencias Municipales de Uruguay, además de los beneficios establecidos por la Ley de Inversiones nacional, ofrecen distintas facilidades con el fin de atraer las inversiones a sus respectivas comunidades. Estos incentivos suelen negociarse directamente para cada proyecto en particular, aunque los más comunes suelen ser los siguientes:

 

·              Concesiones de terrenos municipales para la construcción de las obras necesarias para el desarrollo del proyecto, por períodos variables según planes de negocio y sector (usualmente hasta 20-30 años).

·              Servicios básicos y/o de infraestructura sin coste o a coste reducido (por ejemplo, para atraer inversiones en parques industriales ya establecidos pero con amplia capacidad ociosa).

·              Exoneración de tributos municipales por períodos variables, también de acuerdo a la valoración de cada proyecto y sus previsibles impactos económicos en la región.

 

4.- Otras medidas de Promoción de Inversiones:

 

a)        Regímenes de devolución del IVA e impuestos indirectos:

 

De acuerdo con el Decreto 220/998, las exportaciones están exentas del pago del IV A, previéndose un mecanismo que permite al exportador recuperar el impuesto incorporado en sus facturas de compra:

 

·              Los exportadores pueden deducir la totalidad del IV A pagado por las adquisiciones que integran el costo de los bienes exportados, a los efectos de la liquidación de ese impuesto.

·              La devolución del impuesto se realiza únicamente a los exportadores directos.

·              La DGI puede autorizar la transferencia de créditos por este impuesto para el pago de otros impuestos del exportador o su cesión a cualquier contribuyente de la DGI.

 

Un nuevo esquema de devolución de impuestos indirectos a la exportación comenzará a regir a partir del 1 de Julio de 2007, con unificación de la tasa que el Gobierno devuelve a los exportadores al 2% del valor de las exportaciones FOB y que representará una disminución respecto al régimen actual (actualmente las tasas son diferenciales, según sector de actividad y, en promedio, representan el 3,3% de las exportaciones). Los recursos que se obtendrán con la unificación de la tasa (unos USD 45 M anuales) serán destinados a apoyar en forma explícita objetivos de innovación, empleo, calidad y desempeño exportador.

 

 

b)        Regímenes de Admisión Temporaria y de Draw Back

De acuerdo al Decreto 429/990 y el Decreto 380/2004, la importación de insumos para la industria de exportación esta sujeta a un régimen que permite la importación sin pago de aranceles. Este régimen es gestionado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU): www.latu.org.uy.

 

Para ciertos productos, el régimen de Draw Back permite la devolución de los aranceles abonados en la importación, con ocasión de su reexportación, ya sean reexportados una vez industrializados o en el mismo estado inicial.

 

c)          Régimen de financiación de exportaciones:

Existe un régimen de financiación de exportaciones que permite a los exportadores acceder a créditos con tasas preferenciales, obteniendo préstamos en dólares del sistema financiero privado depositando un 30% de dichos fondos en el Banco Central. Este régimen se encuentra definido en el Decreto 247/003 y en la Circular del Banco Central del Uruguay (BCU) N° 1897 (2004) http://www.bcu.gub.uy/autoriza/ggsegg/seggci1897.htm

 

d) Incentivos Proporcionados por Instituciones Financieras:

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) http://www.brounet.com.uy/  y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) (http://ww.cnd.org.uy ) pueden actuar como prestamistas para empresas de razón social uruguaya, en condiciones financieras favorables en relación con el mercado. En muchos casos actúan como fideicomisos de fondos de 0011  dirigidos a microcréditos, etc.

Para  ampliar información sobre estos y otros programas de incentivos, consultar los sitios web:

 

http://www.uruguayxxi.gub.uy/

http://www.mintur.gub.uy/atencionainversores/

http://www.mef.gub.uy/portada.php

http://www.cnd.org.uy/portal/

 

 



« Volver al HOME